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El presunto fraude de UPA se inició con 700 movimientos bancarios en solo cuatro días

Más de 15.000 transferencias bancarias ha tenido que investigar la Guardia Civil para desenredar la madeja que le ha permitido poner en pie la trama presuntamente delictiva por la que han sido detenidos siete destacados miembros de la organización agraria UPA-UCE Extremadura.

El estudio de esos 15.000 apuntes ha sido clave para que los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cáceres hayan podido entender el modus operandi de una organización sobre la que pesan los cargos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, fraude en las subvenciones, falsedad documental y blanqueo de dinero.

El sistema de funcionamiento es complejo, pero los detalles que se van conociendo permiten vislumbrar que la organización agraria pudo idear un sistema de tipo «carrusel» por el que movió importantes cantidades de dinero con el fin de justificar de forma ficticia el pago de unos servicios de asesoramiento que eran subvencionados por la Junta de Extremadura y el Gobierno entre 2013 y 2015.

En esos años existía una línea de subvenciones destinada a propietarios de explotaciones agrícolas que se estuviesen planteando hacer mejoras. Para ello, los agricultores debían contratar un servicio de asesoramiento con una entidad autorizada (en este caso UPA-UCE) que, a cambio de la realización de ese trabajo, debía cobrar del agricultor la totalidad del dinero.

Por tanto, UPA-UCE tenía que realizar primero el servicio de asesoramiento. A continuación, el agricultor abonaba el importe íntegro del servicio prestado. Y más tarde, eran remitidos a la Junta de Extremadura el resguardo bancario que acreditaba el pago por parte del agricultor y el certificado que daba fe de la prestación del servicio por parte de UPA. Esos documentos eran analizados por la Junta y, si todo estaba en orden, la Administración regional autorizaba el pago al agricultor del 80% del dinero invertido en el servicio de asesoramiento.

 

 

·         Los investigadores creen que los agricultores desconocían el fin que tenía la subvención

La investigación que ha desembocado en la detención de siete miembros de UPA-UCE ExtremaduraIgnacio Huertas y Maximiano Alcón siguen en prisión provisional– tiene su base en el análisis de las cuentas de la organización. Los investigadores creen que los agricultores que teóricamente se beneficiaban de las ayudas de la Junta de Extremadura no sabían muy bien qué tipo de subvención estaban solicitando, de ahí que cuando se preguntó a 30 beneficiarios qué tipo de servicio de asesoramiento habían recibido no supieran qué responder.

La Guardia Civil sospecha que realmente no recibieron esos servicios y que el dinero de la subvención fue empleado por la organización agraria en sus gastos ordinarios: pago de nóminas, pago a proveedores y abono de otro tipo de servicios que precisa una organización de este tipo. Si así hubiese sido, UPA-UCE habría incrementado sus ingresos con 1,8 millones de euros.

Pero la investigación deja claro que incluso si el servicio de asesoramiento se hubiese prestado, tal y como defiende la organización agraria, seguirían existiendo los delitos de los que se acusa a los detenidos, puesto que el origen de la subvención estaba en unos pagos «ficticios» en los que el agricultor no ponía ni un solo euro.

·         El censo de las elecciones del campo no estará al menos hasta mitad de enero

El censo final de las personas y sociedades mercantiles que podrán votar en los comicios del campo, previstos para el 12 de marzo, no se sabrá hasta mediados de enero como mínimo. El proceso de elaboración provisional del censo ha contado con la impugnación por parte de Asaja Cáceres y también se aventuran problemas para la inclusión en el censo de las sociedades mercantiles. En este último caso el plazo para inscribirse terminó ayer.

Como adelantó HOY el pasado día 5, la organización que preside Ángel García Blanco ha impugnado el censo porque aparecen electores que no reúnen las condiciones para serlo, y además faltan posibles votantes correspondientes a sociedades mercantiles y otros profesionales del campo.

 

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